AUSTIN — A medida que los legisladores de Texas llenan el registro legislativo antes de la 90.ª Sesión Ordinaria, una de las primeras y más reñidas batallas fiscales apunta a una industria que está transformando el panorama del norte de Texas: los centros de datos a hiperescala.
El viernes 13 de noviembre, los legisladores sumaron el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1139 (HB 1139) a una creciente lista de iniciativas presentadas anticipadamente que proponen derogar las exenciones estatales del impuesto sobre las ventas y el uso para la propiedad y la electricidad utilizadas en centros de datos calificados y proyectos de centros de datos de gran escala.
La iniciativa HB 1139 se suma a un esfuerzo bipartidista coordinado en ambas cámaras. A principios de esta semana, la presidenta del Comité de Finanzas del Senado, Joan Huffman (republicana por Houston), presentó el Proyecto de Ley del Senado 293 (SB 293) con el respaldo de una mayoría del Senado como coautores, junto con una serie de medidas complementarias en la Cámara Baja (HB 167, HB 408, HB 681 y HB 750) dirigidas a eliminar los mismos beneficios fiscales estatutarios.
Volver a encender la caja registradora
A diferencia de las plantas manufactureras tradicionales —como la planta de ensamblaje de General Motors en Arlington, donde la robótica de la línea de producción está permanentemente exenta del impuesto sobre las ventas porque los vehículos terminados pagan impuestos en el concesionario—, los centros de datos no fabrican un producto físico para la venta al por menor. En su lugar, procesan y almacenan datos digitales.
Para atraer capital tecnológico a Texas, la Legislatura creó en 2013 una excepción especial bajo las Secciones 151.359 y 151.3595 del Código Tributario de Texas. Según la ley vigente, los centros de datos certificados que cumplen con los umbrales mínimos de inversión de capital y creación de empleo reciben una exención de 10 a 20 años del impuesto estatal sobre las ventas del 6.25 % en caja cada vez que adquieren:
Servidores, matrices de almacenamiento y bastidores (racks) de redes (que los operadores suelen reemplazar cada tres a cinco años)
Enfriadores industriales, sistemas de refrigeración líquida y generadores diésel de respaldo
Electricidad continua, que representa el mayor gasto operativo recurrente de un centro de datos
Para un solo bastidor de servidores empresariales con un costo de $150,000, esa exención estatal perdona más de $9,300 en impuestos al momento de la compra, sin contar los megavatios de electricidad necesarios para operarlo y enfriarlo las 24 horas del día.
De $14.6 millones a $3,300 millones
Lo que comenzó como un modesto incentivo para el desarrollo económico se ha disparado muy por encima de las proyecciones legislativas iniciales.
Según el testimonio presentado por la Oficina del Contralor de Texas ante el Comité de Finanzas del Senado, actualmente hay 138 centros de datos certificados en todo Texas para recibir la exención, 59 de ellos incorporados tan solo este año. Los estimadores de ingresos del Contralor proyectan ahora que esta exención fiscal costará a las arcas estatales $3,300 millones durante el ciclo presupuestario 2028–2029.
Mientras tanto, los auditores del Contralor que revisaron 20 instalaciones certificadas descubrieron que casi un tercio —seis centros— no cumplía con los requisitos legales para recibir el beneficio fiscal que estaban reclamando.
La batalla por los derechos adquiridos ("Grandfathering")
Mientras la 90.ª Legislatura se prepara para iniciar sesiones el 12 de enero de 2027, el principal campo de batalla no será si se debe eliminar la exención para futuros proyectos, sino qué hacer con las 138 instalaciones que ya cuentan con certificaciones estatales.
Las propuestas del Senado, como la SB 293, pondrían fin a las exenciones existentes de inmediato en la fecha de entrada en vigor de la ley y rechazarían las solicitudes pendientes, mientras que en la Cámara de Representantes los legisladores sopesan si los operadores actuales deben conservar su estatus libre de impuestos hasta que concluyan los plazos originales de sus certificaciones.
La otra mitad del libro contable
Aunque las iniciativas HB 1139 y SB 293 apuntan a los impuestos estatales sobre las ventas de servidores y electricidad, solo abordan la mitad de la ecuación de los subsidios públicos, una realidad que ya genera escrutinio en Austin, donde los legisladores también presentaron esta semana el Proyecto de Ley del Senado 36 (SB 36) para prohibir que los centros de datos reciban exenciones y reembolsos de impuestos locales sobre la propiedad bajo los Capítulos 312, 380 y 381.
Para los residentes del condado de Tarrant, lo que está en juego es inmediato. En todo el norte de Texas, los sistemas municipales de servicios públicos, los jefes de bomberos locales y la red eléctrica regional ERCOT se han visto obligados a absorber rápidas construcciones industriales mientras las entidades tributarias locales evalúan escudos fiscales sobre la propiedad a varios años y exigencias de infraestructura.
Con más de 1,500 proyectos de ley ya presentados antes del inicio de la sesión, la propuesta HB 1139 deja claro que los subsidios públicos, la confiabilidad de la red eléctrica y la rendición de cuentas industrial estarán en el centro del debate cuando la delegación legislativa del condado de Tarrant regrese al Capitolio.
Nota del editor: En una próxima serie de investigación, The Tarrant Chronicle examinará el lado local del libro contable de los subsidios: cómo las exenciones fiscales municipales, los acuerdos del Capítulo 312 y los convenios de infraestructura están reconfigurando la base tributaria del condado de Tarrant.
